REPARTO DE ESCAÑOS II

 

Según la lógica de Perogrullo, cuando se celebran unas elecciones políticas, el número de votos otorgados por el ciudadano a un partido o a otro se corresponde con la cifra de congresistas, senadores, diputados, concejales… que ostentará dicho partido en las instituciones correspondientes. Así, si el Partido Popular, pongamos por caso, tiene en el próximo Congreso 137 escaños, es porque ha obtenido más de 8.000.000 de votos. Y el Partido Socialista, 121 porque el número de votos ha sido algo menor, etc. Es decir, que a tantos votos, tantos diputados, aplicando unas operaciones matemáticas simples de suma y división. En cierto modo el proceso de asignación de representantes políticos en las instituciones se desarrolla así, pero, ojo, solo en cierto modo. Según lo que voy a explicar, algo en dicho proceso deforma un tanto los datos surgidos de las urnas.

Esto ocurre, sobre todo, en el Congreso de los Diputados y en los ayuntamientos. Y se debe a la interposición de una especie de filtro, que impide la transcripción directa de las cifras de votos en números de congresistas o concejales. Ese filtro se llama el «método D’Hont» o «Ley D’Hont», que llevan el apellido de su creador, el abogado belga Victor d’Hont. Fue desarrollada a finales del siglo XIX y está implantada en bastantes países, en su forma originaria o con alguna modificación. El principal efecto de este mecanismo es que la representación de la ciudadanía que detenta el Congreso en España no es directa, sino proporcional. Consiste en efectuar una serie de divisiones del conjunto de los votos de cada partido en cada provincia ―la provincia es la unidad de referencia a efectos electorales― y ordenar los sucesivos cocientes de mayor a menor, para así conceder escaños por este orden, hasta agotar los determinados de antemano para cada circunscripción. Copio el siguiente ejemplo del portal de Wikipedia, que simula la situación de una provincia con 7 diputados, establecidos por ley, de acuerdo con la dimensión del censo electoral:

 

	Partido A	Partido B	Partido C	Partido D	Partido E
Votos	340 000	280 000	160 000	60 000	15 000
Escaño 1	(340 000/1 =) 340 000	(280 000/1 =) 280 000	(160 000/1 =) 160 000	(60 000/1 =) 60 000	(15 000/1 =) 15 000
Escaño 2	(340 000/2 =) 170 000	(280 000/1 =) 280 000	(160 000/1 =) 160 000	(60 000/1 =) 60 000	(15 000/1 =) 15 000
Escaño 3	(340 000/2 =) 170 000	(280 000/2 =) 140 000	(160 000/1 =) 160 000	(60 000/1 =) 60 000	(15 000/1 =) 15 000
Escaño 4	(340 000/3 =) 113 333	(280 000/2 =) 140 000	(160 000/1 =) 160 000	(60 000/1 =) 60 000	(15 000/1 =) 15 000
Escaño 5	(340 000/3 =) 113 333	(280 000/2 =) 140 000	(160 000/2 =) 80 000	(60 000/1 =) 60 000	(15 000/1 =) 15 000
Escaño 6	(340 000/3 =) 113 333	(280 000/3 =) 93 333	(160 000/2 =) 80 000	(60 000/1 =) 60 000	(15 000/1 =) 15 000
Escaño 7	(340 000/4 =) 85 000	(280 000/3 =) 93 333	(160 000/2 =) 80 000	(60 000/1 =) 60 000	(15 000/1 =) 15 000
Escaños asignados	3	3	1	0	0
Escaños proporcionales	2,78	2,29	1,31	0,49	0,12

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_D%27Hondt

 

Por otra parte, se da una desproporción ostensible en la designación de escaños a las provincias. Así, por ejemplo, mientras que a Murcia le corresponden 10 diputados, Ciudad Real, con solo u 2,5% de población respecto a la anterior, elige 5 diputados; si se respetara la diferencia de habitantes, solo tendría 2 o, todo lo más, 3, pero no 5. Esto hace que los diputados, sean del partido que sean, necesiten menos votos en Ciudad Real que en Murcia (dicho de otro modo, «pesen» más). Además, la ley electoral permite que un determinado partido se presente en todas las circunscripciones o solo en una parte de ellas. Esto segundo es lo que ocurre con las formaciones regionalistas, a las que los escaños les «cuestan» menos votos que a los de ámbito nacional,  ya que la población de referencia es mucho menor. En este artículo queda muy claro el asunto del valor en votos de los escaños:

https://www.europapress.es/nacional/noticia-elecciones-cataluna-2021-cuantos-votos-vale-escano-20210127125505.html .

 

Otro aspecto destacado de la normativa electoral es el de la asignación de restos, es decir, de los votos sobrantes una vez realizada la primera distribución de escaños a los partidos en cada provincia; sobran por el simple hecho de que los diputados no se pueden dividir en porciones como los números en decimales. No entraré, no obstante, en esa cuestión ahora.

Las anteriores comprobaciones creo que bastan para mostrar lo que me proponía: el reparto y la formación de los grupos políticos en el Congreso y demás órganos de representación no reflejan exactamente las votaciones ciudadanas. Más aún, esta distorsión no beneficia o perjudica a todos por igual: los partidos que salen ganando son los de ámbito nacional con muchos votantes (los grandes partidos), hecho que favorece el bipartidismo, y también los que se circunscriben a una región o incluso una provincia. Los perjudicados son los partidos medianos con implantación nacional. Consecuencia de todo esto es que en el Congreso español, por ejemplo, estén sobrerepresentadas las opciones de carácter regional (e incluso independentista), como PNV, ERC, EH BILDU, JUNTSxCAT, etc., con relación al número de papeletas en las urnas.

La idoneidad de esta modalidad de representación proporcional, definida en la ley electoral, está sujeta a discusión y controversia desde el principio de la moderna democracia en nuestro país. En líneas generales, las opiniones no le son favorables. No hay duda de que tiene un sesgo hacia la supremacía de los grandes partidos (PP y PSOE) y a los grupos regionales. Al parecer, esta fue la intención que se perseguía al aprobarla. Se afirmaba la necesidad de evitar la excesiva fragmentación del parlamento, sin perjudicar a los pequeños partidos nacionalistas (¡Si hubieran siquiera atisbado el poder que, pasadas algunas décadas, alcanzarían!). Señalemos, por último, la existencia de otros modelos de distribución proporcional más flexibles y menos distorsionadores, como el método Sainte-Laguë o el sistema danés.

 

Claudio Repellón

 

REPARTO DE ESCAÑOS I

 

Pocos españoles, y pocas veces, se interesan por el Senado. Salvo en contadísimas ocasiones, la cámara alta no ocupa lugar tampoco en los medios de comunicación, tan solo se da información a raíz de las elecciones generales, donde se votan los candidatos a senadores. De forma excepcional, obtuvo protagonismo político y mediático hace unos años, cuando aprobó la aplicación del artículo 155, que supuso la suspensión de la Autonomía Catalana en 2017. Esta acción corresponde en exclusiva al Senado, que tiene una consideración de órgano de representación territorial. Pocas más funciones de verdadera trascendencia posee en el momento actual y desde sus inicios.

Para la legislatura que comenzará en agosto, cuando se constituyan las dos cámaras, el Senado tendrá 208 miembros elegidos y 57 designados por las autonomías, 265 en total; la mayoría absoluta será de 105. La distribución por partidos de los senadores elegidos será esta, considerando solo las dos formaciones principales:

120  PP  (34% del total de votos)
  72  PSOE  (32,5% del total de votos)

Así pues, la mayoría absoluta la detentará el PP incluso sin la suma de los senadores por designación. De todos modos, los senadores del PSOE nombrados serán también menos, ya que el PP, solo o en coalición, tiene mayoría en casi todas las autonomías. En el Senado, pues, el triunfo de este partido en las elecciones del 23 de julio ha sido rotundo.

Pero, para hilar más fino, comparemos las cifras del Senado con estas otras, resultantes en el Congreso:

136  PP  (33,05% del total de votos)
122  PSOE  (31,7% del total de votos)

¿No choca un tanto que, con porcentajes de votos ciudadanos casi idénticos, la asignación de escaños difiera con tanta claridad en una y otra cámaras? Así, mientras en el Senado los escaños del PP superan el 57% del total de senadores elegidos y los del PSOE están en el 35%, en el Congreso los números son bien diferentes: PP  38,9%  y  PSOE 34,9%. Es decir, si en el Senado la distancia en términos porcentuales entre los dos partidos es de 22 puntos, en el Congreso es solo de 4. No hay duda de que son datos objetivos y oficiales, pero que causan bastante extrañeza. Y dan que pensar.

No es necesario indagar mucho para dar con la causa: en uno de los dos ámbitos de representación, Congreso o Senado, se aplica un mecanismo cernedor, es decir, un filtro que origina esa diferencia. Dicho sistema no es otro que la llamada Ley d’Hont, que opera sobre las cifras del Congreso, haciendo que la distancia entre PP y PSOE no se corresponda con la que se evidencia en el Senado, donde no se aplica. Dicho de otro modo, el partido ganador recaba menos porcentaje de congresistas que de senadores, mientras que con el segundo ocurre al revés.

¿Es justa esta medida? Desde luego, legal es, desde que rige la democracia en España. No se puede negar, sin embargo, que choca bastante. Solo en una de las dos cámaras de representación, el Senado, el deseo y la voluntad que la ciudadanía muestra al votar («lo que la gente ha votado de verdad», podría decirse) se respetan con pulcritud, sin que medie fórmula matemática alguna de carácter «corrector» (hay quien la considera «falseadora», «deformante»), cosa que sí ocurre en el Congreso, órgano no obstante mucho más decisivo en el orden político que el Senado.

En alguna de las legislaturas primeras de nuestra democracia se discutió bastante sobre esta norma, que, para más inri, sobrevalora los votos que se dan a los partidos minoritarios, es decir, que tan solo se presentan en un número de provincias muy limitado; suelen ser los partidos regionalistas o independentistas. Remito para el tema a este excelente artículo de G. Albiac: Gabriel Albiac | Tareas inaplazables (eldebate.com). Creo, con este autor, que es hora de poner sobre la mesa de nuevo aquella discusión, seguramente abandonada a causa de ciertas compensaciones que los grandes partidos y los partidos pequeños se intercambian sin pudor y sin reparo a que se dé el caso (puede que cercano) de que una formación casi insignificante, separatista además, tenga en su mano decidir quién gobierna en España.  

 

Claudio Repellón

EL BLOQUE PROGRESISTA

 

Lo que aparentemente ha resultado de las elecciones del pasado día 23 de los corrientes es esto: un BLOQUE PROGRESISTA,  con 172 escaños; un BLOQUE CONSERVADOR, con 171 escaños. ¿Por qué digo «aparentemente»? Por una razón muy sencilla y fácil de fundamentar de forma objetiva: en el seno del primero, que se autodenomina de izquierda, de progreso, de futuro, etc., hay al menos dos componentes de gran entidad tanto o más de derechas que los del bloque adversario: son el PNV, cuya doctrina principal es el tradicionalismo definido por el visionario Sabino, en todas sus facetas (incluida la del separatismo), y el de los burgueses catalanes del llamado ahora JUNTS PER CATALUNYA, también separatistas.

A partir de aquí, no hay duda de que queda deslegitimada la denominación de PROGRESISTA para el bloque que se autodefine indebidamente así, simplemente para oponerse, presentar batalla, guerrear con un supuesto enemigo, para engañar a los votantes menos documentados… en todo momento y situación, dentro del carnaval de la contienda política. No es difícil darse cuenta de este camuflaje de los dos partidos conservadores señalados, el vasco y el catalán. Ni el motivo por el que se disfrazan y se esconden con tanta facilidad o el fin que persiguen: la pela pa mi bolsillo. Que persiguen y también que consiguen. Pero vistos con un poco de atención, no hacen sino el ridículo, cuando pasan de la manita de Otegui (esta, ensangrentada), de Rufián, de Yolanda, en una colorista fila india encabezada por el patrón Sánchez. Está claro: solo los une el más descarado interés, la más egoísta conveniencia.

De todo esto se concluye que los que seguramente van a gobernar España no estarán ahí por amor a la nación (¿qué nación?) ni por creer que sus respectivos idearios confluyentes (¿qué idearios?, ¿en qué confluyentes?) dan el mejor servicio a los ciudadanos. Están porque buscan sacar provecho para sí mismos, porque saben que obtendrán un beneficio, un rédito para ellos y para sus formaciones. El primero, el capataz Sánchez, que será investido por votación nunca más variopinta; seguido de mamá Yolanda (y los 16 de su nidada); de los filoetarras (en ascenso, por cierto) de EH Bildu, de los de Esquerra y de los de Junts, que fueron golpistas, y, ¡qué vergüenza!, del catoliquísimo aranista PNV, que, como …, perdón, me callo, se va con quien le paga.

El más descorazonar efecto de esta situación española es que puede que quien decida sobre la gobernabilidad de España sea el separatista, conservador, juzgado y condenado, prófugo de la Justicia, encuadrado en la fila india, Puigdemont. «Se va a intentar y creemos que se va a conseguir», Sánchez dixit. ¡Pero qué locura es esta!

Claudio Repellón