Sigue, una semana más, la discusión sobre la amnistía, convertida ya en proyecto de ley, aprobado por la Comisión de Justicia y próximo a ser presentado en el pleno del Congreso. Se centra, sobre todo, en la posible inconstitucionalidad de esa propuesta y enfrenta a los que propugnan dicha inconstitucionalidad y quienes creen que la Carta Magna permite la amnistía, aunque no la mencione expresamente. Ambos bandos exhiben razones y argumentos jurídicos de diversa calidad para defender sus posturas.
A mí me choca mucho, muchísimo, que un mismo partido, unos personajes concretos hayan defendido, sucesivamente, una opinión y otra. Empezando por el presidente del gobierno, que antes de las elecciones de julio negaba toda posibilidad de aceptar que se amnistiara a los independentistas catalanes y ahora es el más decidido partidario. Tras él, toda la cohorte socialista, desde la cúpula a la base, dio un giro y se puso a favor de transigir con las peticiones de los partidos nacionalistas. ¿Sobre qué fundamento argumentativo? Poca cosa, razones muy tambaleantes. Aparentemente, un objetivo tan débil y tan poco seguro como la «pacificación» de Cataluña. Pero es archisabido que la verdadera razón de la amnistía no tiene que ver con ningún proceso de atenuación o erradicación de la aspiración independentista en pro de la convivencia, que es lo que enarbola el PSOE como principal justificación, sino que se trata de la consecución de un puñado de votos para la proclamación como tal del actual presidente del gobierno. Solo eso.
La proclamación de independencia, junto con una serie de jornadas de alboroto callejero (en curso de ser calificado judicialmente como terrorismo) e incluso el intento de celebración de un referéndum de autodeterminación hicieron que fueran detenidos, juzgados y encarcelados un conjunto de políticos, mientras que otros se fugaban para evitar la acción de la justicia. Son los que, junto a otros encausados por casos de corrupción, como los miembros de la familia Pujol, forman el grupo de los que se quiere ahora perdonar mediante la inminente ley de amnistía, con el consentimiento ―y beneficio― de quienes hasta hace pocos días la rechazaban con toda rotundidad.
No sé si la falta de alusión explícita en la Constitución a una medida de gracia como la amnistía significa que es, no obstante, viable, pues no se prohíbe, o lo contrario. Es un asunto del que no entiendo mucho, pues compete a los juristas especializados en la materia. Tampoco me lo planteo, porque al final nuestros actuales gobernantes y sus prolongaciones jurídicas retorcerán las leyes implicadas hasta que les sean propicias. Yo me sitúo en una perspectiva distinta, más de carácter social y político.
Y, en ese terreno, creo que las preguntas fundamentales, que son las que muchos compatriotas se hacen en realidad, son las siguientes: ¿puede considerarse útil y beneficiosa para los españoles, para el país, una medida como la condonación de las penas por los delitos a los responsables de lo ocurrido en Cataluña en la última fase del procés?, ¿es lo mejor que puede hacerse en la actual situación?, ¿resulta, aunque fuera legal, legítima esa medida? Creo que la mejor respuesta a las tres preguntas es la negativa, el no rotundo y sin ambages. ¿Por qué? Voy a apuntar tres razones: 1) no se merecen el perdón quienes no solo no se han arrepentido de su conducta, sino que exhiben, con el mayor descaro, la intención de repetirla («¡Ahora, a por el referéndum y la independencia!», se oía días atrás de boca de algunos políticos catalanes); 2) esa misma actitud y lema demuestran que el independentismo no se ha atenuado (el ambiente no se ha «pacificado») una vez que la ley de amnistía está en puertas de regir; 3) esta ley supondrá un trato de favor a un puñado de delincuentes, juzgados y condenados, del cual no se van a beneficiar la mayoría de los que pagan sus penas en las prisiones españolas por transgresiones mucho menos graves que el delito «de lesa patria» de gran parte de los políticos independentistas catalanes, algunos de los cuales están principalmente procesados por corrupción.
En resumen, me parece que la amnistía no debe aplicarse en estas condiciones a las personas elegidas para limpiar sus delitos. Me subleva que, siendo culpables, salgan a la calle libres de polvo y paja, por la puerta que, no obstante, se cierra a cal y canto para todos los que dejan a sus espaldas. ¿Qué han hecho estos individuos, me pregunto, para merecer tanta benevolencia, sino pavonearse de su privilegio y declarar de modo chulesco que nos vayamos preparando para lo siguiente? Esta amnistía, incluso si fuera legal, es una agresión al principio de igualdad de todos los ciudadanos, es una injusticia, es una provocación…, por mucho que bastantes quieran verla ―y hacérnosla ver― como un hito en la historia actual de la democracia española y un paso de gigante en pos de la unión y el entendimiento entre los españoles. Nada de eso significa. ¿Qué han hecho los futuros amnistiados en esa línea para atraer tamaño beneficio? Nada, más bien han obrado en contrario. A no ser que se evalúe como gran mérito la compra, con unos cuantos votos, de un señor que desea ser presidente del gobierno y se pone ―a sí mismo y al país― a su servicio.
