Como
en muchas otras cuestiones, los dos grandes partidos políticos españoles andan
a la gresca en relación con la renovación del Consejo General del Poder
Judicial, órgano supremo en el ámbito de la Justicia. Resulta que no se ponen
de acuerdo para el nombramiento de los miembros que corresponde al Congreso y al
Senado elegir para renovar la institución. El Partido Socialista mantiene que
se aplique la actual normativa (cosa que permitiría obtener una mayoría de
magistrados de la cuerda de dicho partido); el PP, por su parte, es partidario
de negociar un cambio de la ley para rebajar el peso de los partidos políticos en
la designación y otorgar mayor margen a los jueces, a través, supuestamente, de
las asociaciones.
De
este modo, el CGPJ lleva unos cinco años en funciones y, por ello, el gobierno le
ha impuesto ciertas limitaciones a su capacidad de decidir. En contra de lo cual,
le ha concedido, sin embargo, la potestad de elegir a algunos miembros del
Tribunal Constitucional, entre ellos al presidente (finalmente, cercanos
ideológicamente al PSOE).
No
sé cómo se resolverá esta pugna. Desconozco si hay un plazo límite para
permanecer en situación provisional o en funciones. Lo que sí sé, porque basta
un sencillo razonamiento, es que los políticos se disputan cubrir con tales o
cuales magistrados las plazas del CGPJ y de los demás altos tribunales porque
existen candidatos marcados políticamente, seguidores de esta o aquella ideología,
simpatizantes de unos u otros partidos.
Dicho
así parece de lo más natural, por aquello de que cada uno es libre de tener sus
ideas y opiniones políticas, también los jueces, fiscales, etc. Sin embargo, no
deja de sorprender si tenemos en cuenta dos principios: a) que quien ejerce la
justicia ha de ser imparcial y no obrar en función de sus planteamientos
personales, b) que muchos de los actuales magistrados, sobre todo los integrantes
de las más altas instancias judiciales, no lo son en absoluto y que actúan de
acuerdo con sus orientaciones ideológicas o incluso sus compromisos con los
partidos. Si no fuera así, no habría problema alguno para constituir mediante
elección o nombramiento los tribunales situados en la cima de la pirámide
judicial, se realizaría como un mero trámite en el que primara el currículum,
por ejemplo. Pero no es así, como estamos viendo. Y se trata de algo muy serio,
porque esos tribunales constituyen la entidad última a la que el ciudadano
puede recurrir. De este modo, se plantean serias dudas acerca de si
determinadas sentencias se derivan de la aplicación pura de la ley o, por contra,
de la concepción subjetiva, sesgada políticamente, del juez de turno.
Teniendo
todo esto en cuenta, no se ve o no se debe ver tan dentro de los cauces de la
normalidad tal situación. La califico de inaudita, por una parte, y muy grave, gravísima,
por otra, porque hace que la ley pierda su poder de garante de la libertad y la
justicia. Juzgue también el lector ―todo lo imparcialmente que le sea posible.
JOSÉ
ANTONIO RAMOS
4.10.23
