CONTROLADORES vs. MINISTRO

          Alguna vez en la vida, un hombre tiene que partirle la boca a algún semejante para callársela por siempre jamás o para intentar que no se pase ya nunca más de la raya. Ojalá no fuera así, pero así es. Resulta inevitable. Forma parte de la lucha por la supervivencia, que con toda propiedad se nombra con un término bélico.

          Viene este pensamiento a propósito del problema planteado desde ayer en el espacio aéreo civil español. Sale un decreto del Gobierno, los controladores no lo aceptan y dejan de ejercer como signo de reprobación. El forcejeo entre estos profesionales y el ministerio viene desde largo y ayer llegó a su culminación. O ahora o nunca, supongo que pensaron ambas partes. O, dicho más coloquialmente (también por ambas partes), estos no me vacilan a mí. Y se han lanzado a partirse la boca.

          Acepto que, como he afirmado, llega un día en que el cuerpo a cuerpo es la única salida. ¿Quiere decir esto que justifique lo que está pasando, que es muy grave y está afectando a tantos miles de personas sin culpa? En absoluto. Pondré un ejemplo cotidiano para explicarme. Vamos a suponer que mi vecino y yo nos llevamos a matar y la cosa pasa ya de castaño oscuro. Tanto él como yo nos hemos hecho el propósito de cortar por lo sano y darnos de ostias, si es preciso. Más vale una vez morado que ciento amarillo. No obstante, los dos estaríamos dispuestos a parlamentar para avenirnos civilizadamente, aunque lo vemos difícil. Hasta aquí, y según el principio de convivencia que he fijado, nada se sale de la normalidad, sea cual sea el final. Incluso sería esperable que, antes o después, llegáramos a las palabras gruesas y a las manos. Lo que nadie aceptaría es que eligiéramos (o no evitáramos) la refriega cuando fuéramos con la familia, es decir, con los niños, la abuela…, y en su presencia lleváramos a cabo un combate que ellos no han buscado y que tan sólo les puede acarrear perjuicios.

          Los controladores y el ministro tenían que verse las caras, según el punto al que las cosas estaban llegando antes del decreto. Y se las han visto, pero en el peor momento, en el peor sitio y a la peor hora: cogiendo en medio, entre otros, a decenas de miles de pasajeros que soñaban con sus vacaciones y que, pese a haber pagado ya, nunca disfrutarán. ¿Quién tiene la culpa? De acuerdo con lo que vengo sentando, los dos: el gobierno sabía lo que con toda seguridad ocurriría después del decreto (¿o es que no fue esa la razón de la renuncia de ZP a viajar a América?), pese a lo cual publica el texto legal el día de inicio del puente, cuando más daño hace la reacción de los controladores. Y estos, una vez puestos en el brete, responden a la provocación y se lanzan. Una y otra conducta representan lo contrario de la prudencia y de la sensatez. Se han liado a puñetazos sin mirar que sus sopapos herirían a los más débiles. Es lo contrario también, por supuestísimo, de querer solucionar el conflicto pacíficamente, sin dañarse ni a sí mismos ni a terceros.

          El autor del decreto tendría al menos que haber aguardado y, si fuera posible, iniciar conversaciones con anterioridad a su aprobación, sabiendo, como sabía, insisto, que se armaría la marimorena. A su vez, los controladores, pese a todo, deberían haberse contenido y haber dejado su acción extrema, si por otras vías no hubiera solución, para otro momento que no fuera el del puente. Pero no, todo ha sucedido al revés: los dos han sacado sus armas y han abierto fuego (creo que en un alarde, trágico, de chulería).

          Ahora reina el caos. La militarización, el cierre del espacio aéreo español, con inmensas repercusiones en el tráfico nacional e internacional… Creo que, además de perder la cordura por buscar el K.O. rápido del contrario en tales circunstancias, tal vez tampoco hayan medido sus fuerzas: por una parte, ¿puede el gobierno empapelar a todos los controladores civiles?, ¿serían suficientes los militares para cubrir tantas horas, diurnas y nocturnas? Y por otra: ¿han previsto los controladores el desprestigio que se han ganado (como efecto bien calculado por el ministro) y las repercusiones laborales que sus actos tendrán, de acuerdo con un decreto que parece redactado “ad hoc”?

          No puedo concluir sin expresar mi sentimiento a los afectados, ya que, salvo analizar los hechos aquí, en público, y denunciar las actitudes, otra cosa no me es posible. ¡Qué mala suerte!